El problema de la Política Criminológica
El tema de la criminalidad es un fenómeno que atañe a todas las sociedades por el simple hecho de ser inherente a la naturaleza del hombre, no obstante y aun cuando su estudio e interpretación está ligado a un contexto económico, político y social, los estudiosos coinciden en que se trata de un problemática que lacera la humanidad al contravenir las normas sociales y morales; razón por la cual se ha pretendido por múltiples medios regularla o en el mejor de los casos erradicarla.
Para ello, el Estado se vale de todos los recursos y medios que tiene a su alcance para mantener controlado el fenómeno criminodelictivo, sin embargo, cuando Emiliano Borja[1], definió la Política Criminal como ese conjunto de medidas y criterios de carácter jurídico, social, educativo, económico que buscan prevenir y reaccionar frente al fenómeno criminal, parecía claro que para su abordaje debía recurrirse a múltiples disciplinas que aportaran elementos claves para su análisis y tratamiento.
No obstante, y contrario a lo que vemos hoy, la política criminológica ha fungido como instrumento de poder y mecanismo de represión para mantener el control social de determinados grupos, peor aún, se ha empleado como propuesta de campaña electoral al señalar el endurecimiento de las penas y la disminución de la edad penal en el caso de los adolescentes como remedios infalibles para la erradicación del delito, lo que solo ha alimentado el odio y el hartazgo de la ciudadanía, además de legitimar actos de discriminación o de justicia por propia mano u otro tipo de venganzas fuera de la legalidad como es el caso de los linchamientos. Y es que en México la Política Criminal se ha asociado mayormente con términos como punibilidad, coercibilidad, control social o represión ya que fueron conceptos propios del sistema penal de corte inquisitivo que imperó durante siglos en Latinoamérica y que lamentablemente hoy siguen vigentes y direccionado diversas acciones en materia de criminalidad y seguridad pública implementadas en nuestro país.
Ejemplo de ello fue la estrategia de seguridad denominada “Tolerancia Cero” que encabezó el ex Alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani y que fue puesta en marcha en la Ciudad de México durante 2003 en la administración de Marcelo Ebrard, que no obstante con los más de 4.3 millones de dólares que se invirtió en el proyecto, pareciera no haberse visto un impacto significativo en los índices de criminalidad y delincuencia.Recientemente con el cambio de paradigma a uno de corte garantista, se suponía una concepción más amplia de la Política Criminológica que implicará de conocimientos teóricos-prácticos especializados y orientados a procurar al máximo los derechos fundamentales de las personas, que dotara de igual peso al aspecto preventivo que al correctivo a través de la investigación, la multidisciplinariedad y la profesionalización.
Sin embargo, de entrada resulta penoso que este cambio de paradigma obedezca mayormente a presiones del Derecho internacional y no a una convicción genuina del gobierno por transitar a modelos garantistas, ya que lo anterior solo se tradujo en la elaboración de más instrumentos, protocolos y modelos de actuación que en ocasiones resultan inoperantes para las condiciones del país, la sistematización de procedimientos que se desdibujaron en el enorme aparatico burocrático mexicano o en el cambio de estructura o denominación de las instituciones que han generado más coste que ganancias.
A propósito de lo anterior, llama la atención que se insista en demasía en la homologación de criterios en el estudio del fenómeno delictivo y que se centre casi exclusivamente su estudio en el ámbito del Derecho Penal, sin embargo, ¿Puede delegarse mayormente al Derecho el estudio del crimen y del delito sin atender sus elementos socioculturales? ¿Ha sido hasta hoy favorable delegar a las ciencias penales el estudio del crimen y delito?
Para ello, seria primordial concebir un sistema jurídico flexible que corresponda con los cambios y problemáticas actuales de la sociedad, pero no solo de los problemas que aquejan a las grandes urbes, sino de las particularidades que conllevan la multiculturalidad del territorio nacional, toda vez la aplicación de ciertos sistemas normativos resulta inoperante y ajena a la realidad que viven múltiples comunidades al interior de la República, máxime por el principio pro persona que debería anteponer las garantías de los ciudadanos y evitar privilegiar la rigidez en la aplicación de un código ajeno a las necesidades de la población, por el contrario, que refuerzan la impunidad y se alimenta de la desigualdad con la que se aplican en su mayoría las normas jurídicas, ya que es una realidad que en muchas de las zonas originarias del país, las características del idioma, los sistemas normativos internos, así como la cosmovisión de las comunidades dificultan la positivización de sus elementos y acentúan la marginación al momento de la toma de decisiones.
Pero no solo las características relacionadas con la diversidad étnica forman parte de los elementos a considerar dentro de una política criminal, sino hechos que a la luz resultan inadvertidos para la sociedad como lo son los problemas generados como efecto de la globalización como la desigualdad económica, el desempleo, la delincuencia organizada, mencionando en este último caso el fenómeno relacionado con la siembre de droga, que pro su impacto ha demandado de colocar en la agenda pública en tema de su legalización y que ha estado permeada mayormente por un aspecto moral que por un análisis científico, siendo que la siembra de la marihuana como lo señalan Humberto Padgett y Dalia Martínez en su articulo “La república marihuanera”[2], forma ya parte de las actividades productivas del país, ilegales pero productiva, ya que la gente paulatinamente pasó de sembrar hortalizas y diversos frutos a integrar en sus actividades la cosecha de marihuana, toda vez que entre múltiples aspectos representa una opción un ingreso y su dedicación al cultivo en muchos de los casos se debe a la falta de condiciones mínimas necesarias para proveerse de insumos básicos como son alimentación, salud y vivienda a los integrantes de la comunidad.
Sin embargo, hasta aquí pareciera que se ha perdido de vista que los involucrados no son solo grupos de personas o comunidades sino individuos con características y necesidades diferentes que han sido relegados, ya aun cuando que cada brecha generacional se identifica con símbolos e intereses particulares y algo que llama la atención ha sido la forma en que las últimas generaciones han radicalizado la forma de establecer sus relaciones familiares, de amistad y de trabajo, ya que el proceso de socialización que se inicia en el núcleo primario de la familia pasa después a reproducirse en el medio social, empero, que en la actualidad parece carente de vínculos carentes de apego, confianza y respeto por las normas sociales, las figuras de autoridad y de desinterés por el bienestar general, incluso que ha normalizado la violencia y el individualismo por encima del colectivo, así mismo, que se ha caracterizado por la urgencia de satisfacer necesidades de manera rápida y sin esfuerzo, es decir de libre tránsito al hedonismo, siendo que ellos serán los responsables de continuar e innovar las formas de atender los problemas que aquejan a la sociedad, y no solo a partir de efectos aislados de fenómenos como la pobreza, la migración, los desplazamientos forzados o la violencia de género por mencionar algunos, sino la compleja interrelación que conllevan la interacción de las personas y sus efectos en un espacio determinado y que implique la participación de todos y cada uno de los sectores de la sociedad.
Por ello, resulta necesario la participación conjunta del gobierno y de la sociedad civil a fin de poder atender los múltiples problemas sociales, además, mientras México carezca de una política criminológica definida, inclusiva y particularizada para cada sector de la población en el cual se pretenda incidir, con objetivos claros, alcanzables y acordes a la realidad del país, difícilmente se pueden concretar proyectos que faciliten la implementación de estrategias orientadas al estudio y tratamiento del crimen y del delito, toda vez que no es el número de instituciones, la cantidad de programas o el marco jurídico que la conforman, sino la ineficacia de estos organismos, así como la falta de calidad y compromiso con las que se establecen las políticas públicas lo que han derivado en el fracaso de las mismas.
BIBLIOGRAFÍA
Borja Jiménez, Emiliano (2011), Curso de Política Criminal, 2ª.ed., España, Tirant lo blanch,
Padgett Humberto, y Martínez Dalia, “La república marihuanera”, emeequis, N° 260, 8 de agosto de 2011.
[1] Borja Jiménez, Emiliano, Curso de Política Criminal, 2ª.ed., España, Tirant lo blanch, 2011,p.119.
[2] Padgett Humberto, y Martínez Dalia, “La república marihuanera”, emeequis, N° 260, 8 de agosto de 2011, p.23.
