Intervención en Crisis con Victimas de Delitos

La victimización entendiéndola como el proceso por el cual una persona sufre las consecuencias de un hechos traumático (Tamarit Sumalla, 2006)genera un gran impacto en la víctima, quien es la persona que sufre malestar emocional a causa del daño intencionado provocado por otro ser humano (Echeburúa & de Corral , 2007) en su sentido estricto. Ante esto, se puede encontrar a víctimas con varios recursos personales quienes pueden hacer frente a sucesos traumáticos o a víctimas más vulnerables, en las cuales los procesos de victimización generan más impacto. Ante ello, una intervención en crisis oportuna y adecuada ayuda a mitigar el daño posible a futuro

Pero ¿qué es una intervención en crisis?

 La intervención en crisis es “Un proceso de ayuda dirigida a auxiliar a una persona o familia a soportar un suceso traumático de modo que la probabilidad de efectos negativos como daños físicos o emocionales se aminore y la probabilidad de crecimiento se incremente" (Slaikeu, 1996).

En cuanto a la intervención en crisis se puede diferenciar dos niveles principales, el primero se denomina Primera Ayuda Psicológica o Primeros Auxilios Psicológicos cuyo objetivo es restablecer el enfrentamiento inmediato, este se da en las primeras 72 horas después del suceso y busca: 1) Proporcionar apoyo con la premisa de que es mejor para las personas no estar sola en tanto soportan cargas extraordinarias. 2) Reducir la mortalidad y prevención del daño físico durante la crisis (tomar medidas para para hacer mínimas las posibilidades destructivas y desactivar la situación) y 3) Proporcionar enlace con fuentes de asistencia (Slaikeu, 1996).

Al respecto es importante mencionar que este tipo de intervención lo puede realizar cualquier tipo de persona no profesional de la salud mental (Echeburúa & de Corral , 2007), siempre y cuando tenga la preparación y el entrenamiento específico para ello.

Los componentes de los primeros auxilios psicológicos son los siguientes:

1.      Realizar contacto psicológico

2.      Analizar las dimensiones del problema

3.      Sondear posibles soluciones

4.      Asistir en la ejecución de pasos concretos

5.      Y seguimientos para verificar el proceso

En el segundo nivel se encuentra la Intervención de Segunda Instancia o también conocida como Terapia para Crisis; la cual se refiere a un proceso terapéutico breve que va más allá de la restauración del enfrentamiento inmediato y se encamina a la resolución de crisis, es decir, asistir a la persona de manera que el acontecimiento se integre a la trama de la vida. La intervención puede durar de semanas a meses. Las personas que llevan a cabo la terapia son psicoterapeutas y el ambiente en el que se realiza la intervención debe ser un espacio ideal para terapia (Slaikeu, 1996).

El proceso de victimización  crea un episodio traumático, una crisis (Bernal Quiñones, 2015), es decir, una persona que es víctima de un delito, pasa por una serie de emociones intensas las cuales pueden llegar sobrepasar los recursos personales. Por ello el apoyo indicado en estas primeras 72 horas a una víctima de un delito puede ser fundamental, ya que se encuentran en un estado de vulnerabilidad.

En este tiempo, la mayoría de las victimas suele estar en contacto con diversos profesionales, quienes pueden ser los primeros al llegar al lugar de los hechos, como un policía, paramédico, criminalista; o cuando ésta acuda a poner su demanda, dentro de los que pueden ser administrativos, trabajadores sociales, profesionales del derecho, criminólogos, psicólogos, o cualquier otro personal que este en contacto con la víctima.

Al ser de los primeros contactos deben recibir capacitación y estar preparados en técnicas de intervención en crisis en su modalidad primera ayuda psicológica, estos profesionales, tales como policías, profesionales del derecho, de trabajo social e incluso personal administrativo que trabaja en estos ámbitos, deberán contar con ciertas características personales, como por ejemplo, poseer habilidades sociales, conocer e identificar estrategias adecuadas para intervenir según la persona y tener un buen control del estrés (Lorente Gironella, Font Mayolas, & Villar Hoz, 2005), es decir, saber manejar sus emociones con respecto a las emociones de los demás.

Sobre todo porque hay momentos en una persona en crisis  o que ha vivido un suceso traumático, donde se pueden disparar las emociones ante ciertos estímulos, como por ejemplo la toma de la denuncia o en una reconstrucción de hechos. Además hay que tomar en cuenta que no siempre es sencillo predecir la reacción de un ser humano ante un acontecimiento traumático, hay personas que son muy sensibles, las cuales están predispuestas a tener respuestas más exageradas e intensas que otras ante un mismo suceso (Echeburua, Amor, & de Corral, 2006).

Un intervención y canalización correcta puede incluso evitar una re-victimización, la cual es toda acción que empeora el estado físico y/o psicológico de la víctima cuando esta busca ayuda y se relaciona con el sistema legal (Tapias , 2015). Al momento de realizar la intervención en crisis, es importante que el personal también conozca el contexto en el que se desenvuelve, saber del proceso penal para una adecuada canalización o en su caso poder entender lo que la persona expresa o desea realizar, así como de igual manera se evite afectar el testimonio de la víctima.

En este sentido y como conclusión, el personal que trabaja con víctimas del delito y es un primer contacto, debe contar con conocimientos no solo de intervención en crisis sino también, conocimientos del proceso judicial, del derecho, de la psicología de testimonio y los procesos mismos de su institución, esto con el fin de estabilizar a la víctima,  cuidar su testimonio, lograr una efectiva canalización a las instancias tanto jurídicas como psicológicas y por ende evitar una re victimización.

 Referencias

Bernal Quiñones, G. (2015). Intervención con víctimas desde la psicología jurídica, criminológica y derechos humanos. En A. Tapias, Victimología en América Latina: Enfoque psicojurídico (págs. 99-132). Bogota: Ediciones de la U.

Echeburúa, E., & de Corral , P. (2007). Intervención en crisis de suscesos traumáticos: ¿Cuando, cómo y para qué? Psicología conductual, 15(3), 373-387.

Echeburua, E., Amor, P., & de Corral, P. (2006). Asistencia psicológica postraumática. En E. Baca Baldomero, E. Echeburúa Odriozola, & J. Tamarit Sumalla, Manual de Victimología (págs. 285-306). Mérida: Tirant Lo Blanch.

Lorente Gironella, F., Font Mayolas, F., & Villar Hoz, E. (2005). La formación en primeros auxilios psicológicos y emergencias en el título de grado en psicología. Revista de Enzañanza de la Psicología:Teoría y Experiencia, 1(1).

Slaikeu, K. (1996). Intervenión en crisis: Manual para p´ractica e Investigación (2da ed.). México: Manual Moderno.

Tamarit Sumalla, J. (2006). La victimología: Cuestiones conceptuales y metodológicas. En E. Baca Baldomero, E. Echeburúa Odriozola, & J. Tamarit Sumalla, Manual de Victimología (págs. 17-50). Valencia : Tirant Lo Blanch.

Tapias , A. (2015). Aproximación a la victimología desde la psicología juridica. En A. Tapias , Victimología en america Latina: Enfoque psicojurídico (págs. 39-67). Bogota: Ediciones de la U.

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La familia como factor de riesgo para la conducta criminal

La familia como factor de riesgo para la conducta criminal

Redondo y Pueyo (2009) señalan que la delincuencia es uno de los problemas sociales en que suele reconocerse una mayor necesidad y posible utilidad de la psicología.  A lo largo de la segunda mitad del siglo XX y hasta nuestros días se ha ido conformando una auténtica psicología criminológica. En ella, a partir de los métodos y los conocimientos generales de la psicología, se desarrollan investigaciones y se generan conocimientos específicos al servicio de un mejor entendimiento de los fenómenos criminales. Sus aplicaciones están resultando relevantes y prometedoras tanto para la explicación y predicción del comportamiento delictivo como para el diseño y aplicación de programas preventivos y de tratamiento. Así, los conocimientos psicológicos sobre la delincuencia se han acumulado en torno a diferentes áreas de estudio de la criminalidad.

Sin embargo, cuando se trata del ámbito de la explicación, Arce y Fariña (2007) mencionan que si bien se ha intentado explicar el comportamiento desviado desde múltiples perspectivas, los diferentes intentos explicativos se han orientado hacia la maximización alguno de los siguientes tres factores: biológicos, psicológico-individuales y psicológico-sociales y generalmente en estas teorías la explicación que se ofrece de la delincuencia se orienta a la sobredimensionalización de una(s) variable(s) o dimensión(es) en detrimento de otras, lo cual lleva implícito que el valor de las mismas sea relativo. Por extensión, la categorización de los marcos teóricos en función del origen del comportamiento antisocial en biológicos, psicológicos y sociológicos también se refleja en los tratamientos que están orientados, generalmente, ya sea a aislar los efectos de un único componente, o a recurrir a una fórmula de tratamiento aplicable al conjunto del problema, pero desde una única perspectiva.  

Es por esta razón, que Munizaga (2009) indica que las explicaciones unidimensionales de la delincuencia no son suficientes. A partir de los años 70’s, y hasta la actualidad, nuevas corrientes de pensamiento plantean que las causas del fenómeno de la criminalidad son múltiples y pluridimensionales. Con ello, surge un movimiento integrador de teorías que se basan en estudios longitudinales realizados en Estados Unidos y Reino Unido, los que comprueban, mediante evidencia empírica, que la delincuencia es un fenómeno dinámico, multicausal y complejo. Uno de estos enfoques es el de factores de riesgo, que realiza planteamientos comprensivos acerca de este fenómeno, debido a que lo explica desde un punto de vista multicausal.

El término “factores de riesgo” se refiere a la presencia de situaciones contextuales o personales de carácter negativo que incrementan la probabilidad de que las personas desarrollen problemas emocionales, conductuales o de salud. De esta forma, la premisa apunta que a mayor acumulación de factores de riesgo en el tiempo por un individuo, mayor es la probabilidad de que éste exprese conductas delictivas. (Munizaga, 2009)

Si bien es cierto que este tipo de comportamiento en la adultez quedaría definido por la interacción de un conjunto de factores biopsicosociales, podría decirse que dentro del grupo de factores sociales/contextuales (grupo de iguales, escuela, vecindario) la familia representaría un contexto de incuestionable influencia. (Aguilar-Cárceles, 2012). Se trata del grupo social en el que la mayoría de las personas inician su desarrollo, permanecen durante largo tiempo y conforman un entramado de relaciones y significados que les acompañarán a lo largo de toda la vida. Además, esta relevancia de la familia permanece vigente en todos los momentos vitales de la persona, desde la niñez hasta la vejez, y la adolescencia no constituye una excepción. Así, el grado de apoyo, de afecto y de comunicación que el adolescente percibe en este contexto es un elemento que contribuye de modo significativo a su bienestar psicosocial, así como al del resto de sus integrantes. Aunque el adolescente incorpora nuevas relaciones en su red social como las amistades u otros adultos significativos, la familia sigue constituyendo el eje central que organiza la vida de éstos y continúa ofreciendo experiencias concretas de desarrollo que influyen en las interacciones que los adolescentes establecen en otros contextos, como la escuela o la comunidad más amplia (Musitu, Buelga, Lila y Cava, 2001). En este sentido, la familia tiene todavía el rol primordial de transmitir a sus hijos una serie de creencias, valores y normas que les ayudarán a convivir en la sociedad de la que forman parte. 

Sin embargo, en la realidad, la familia también puede constituir un factor de riesgo que predisponga al desarrollo de problemas de desajuste en sus miembros. En distintas investigaciones se ha constatado que un ambiente familiar positivo, caracterizado por la comunicación abierta y por la presencia de afecto y apoyo entre padres e hijos es uno de los más importantes garantes de bienestar psicosocial en la adolescencia (Musitu y García, 2004 citado en:Musitu, Estévez, Jiménez y Herrero, 2007) mientras que un ambiente familiar negativo con frecuentes conflictos y tensiones, dificulta el buen desarrollo de los hijos y aumenta la probabilidad de que surjan problemas de disciplina y conducta.

Variables familiares asociadas a la conducta criminal 

Son muchos autores los que han centrado en los últimos años su foco de discusión en el análisis del contexto familiar como uno de los principales factores de riesgo o desencadenante de conductas antisociales en la adultez atendiendo a distintas variables:

Cuando desde el entorno familiar la transmisión de normas, valores, creencias, y actitudes, no se produce de manera adecuada se produce una distorsión del proceso de socialización y la aparición de las conductas inadaptadas. Martos y Rosser (2013) analizaron la relación existente entre la delincuencia juvenil y los estilos educativos de los padres mediante la revisión de 342 expedientes judiciales de menores infractores. Los resultados mostraron una relación estadísticamente significativa entre la conducta delictiva de los jóvenes de los casos revisados y el estilo educativo denominado permisivos o incongruentes(caracterizado por el dimisionismo educativo y la no implicación afectiva en los asuntos de los hijos) por parte de los progenitores.

Por otro lado, es razonable pensar que una infancia caracterizada por conductas violentas en el ámbito familiar pueda derivar en una adolescencia problemática. Al respecto, Paíno y Revuelta (2002) estudiaron, por una parte, la relación de determinadas variables familiares con la manifestación de la conducta de maltrato en la familia y, por otra parte, la relación entre la existencia de maltrato en la infancia y la posterior conducta delictiva en una muestra de 87 presos. Los resultados mostraron una fuerte relación entre las variables de antecedentes penales y de adicción del padre con la variable criterio de maltrato familiar. Y principalmente, se encontró una relación significativa entre la existencia de maltrato en la infancia con variables relativas a la historia penitenciaria como la edad de ingreso en prisión y la reincidencia. 

Respecto a la variable denominada estructura familiar existe menos homogeneidad respecto a los resultados empíricos. Torrente y Rodríguez (2004) analizaron la relación de esta variable en términos de personas con las que vive el menor, (número de hermanos, el orden de nacimiento, si sus padres viven juntos, si viven con ellos o con otros familiares) con jóvenes de escuelas regulares y jóvenes que se encontraban en un centro de reintegración. Sus resultaron indicaron una relación estadísticamente significativa entre los hogares monoparentales y/o desestructurados por separación/divorcio.

En contraste, Antolín, Oliva y Arranz (2009) concluyeron que no existe asociación entre el tipo de estructura familiar y la manifestación de comportamientos antisociales infantiles cuando analizaron esta variable, mencionando también que este tipo de conducta antisocial, puede ser mejor explicada, en el ámbito de los factores familiares, a variables tales como la privación económica que también ha resaltado Salazar-Estrada, Torres-López, Reynaldos-Quinteros, Figueroa-Villaseñor y Araiza-González (2011) al encontrar relación entre conducta antisocial en jóvenes y una serie de condiciones relacionadas con la marginalidad de la familia y de su entorno; o el estrés familiar, variable cuya importancia también ha sido mencionada por Hein, Blanco y Mertz (2004) en una revisión de la literatura relacionada.

A su vez, Ovalles (2007) encontró también una relación entre el hecho criminal en la infancia y adolescencia, con la relación que se presenta cuando los grupos familiares no funcionan adecuadamente, esto basado en la falta de comunicación, de afecto, de actividades y de responsabilidades entre ellos, falta de pertenencia y de cohesión, como características de la disfuncionalidad familiar.

Hay algunas otras variables que, aunque no han demostrado la mayor significancia estadística, vale la pena tomar en cuenta, tales como la falta de supervisión o control de los padres, una familia numerosa, y carencias afectivas (Vázquez, 2003).

En conclusión, existe una gran preocupación por las conductas problemáticas adolescentes, tanto por el daño que hacen a otros o al conjunto de la sociedad, como por el riesgo que suponen para los propios adolescentes. Los estudios que se han realizado sobre delincuencia juvenil y conducta antisocial plantean el carácter multicausal del fenómeno y señalan numerosos factores de riesgo que lo precipitan (Sánchez-Teruel, 2012)

Entre los factores explicativos de estos comportamientos están los relacionados con la vinculación social. Por ejemplo, las relaciones con la familia. Los presupuestos teóricos y los hallazgos empíricos ponen de manifiesto que el ambiente familiar juega un papel fundamental en la conducta delictiva del adolescente (Redondo, Luengo, Sobral y Otero, 1988). Sin embargo, hay que tomar en cuenta que los factores de riesgo y protección no indican causalidad, sino que constituyen condiciones, en este caso del entorno familiar, que predicen una mayor o menor probabilidad de desarrollar un comportamiento (Hawkins et al., 1998 citado en: Montañés, Bartolomé, Montañés y Parra, 2008).

REFERENCIAS

Aguilar-Cárceles, M. (2012). La influencia del contexto familiar en el desarrollo de conductas violentas durante la adolescencia: factores de riesgo y protección. Revista Criminalidad, 54 (2), 27-46.

Antolín, L., Oliva, A. & Arranz, E. (2009). Variables familiares asociadas a la conducta antisocial infantil: el papel desempeñado por el tipo de estructura familiar. Apuntes de Psicología, 27 (2-3), 475-487.

Arce, R. & Fariña, F. (2007).Teorías de riesgo de la delincuencia. Una propuesta integradora. En F.J. Rodríguez & c. Becedóniz (Coords.), El menor infractor. Posicionamientos y realidades (pp. 37-46). Oviedo, España: Servicio de Publicaciones del Principado de Asturias.

Hein, A., Blanco, J. & Mertz, C. (2004). Factores de riesgo y delincuencia juvenil: revisión de la literatura nacional e internacional. Santiago de Chile: Fundación Paz Ciudadana.

Martos, R. & Rosser, A. (2013). Delincuencia juvenil y estilos educativos parentales [en línea]. 14º Congreso Virtual de Psiquiatría.com, Interpsiquis, 5 p.

Montañés, M., Bartolomé, R., Montañés, J. & Parra, M. (2008). Influencia del contexto familiar en las conductas adolescentes. Ensayos, (17), 391-407.

Musitu, G., Estévez, E., Jiménez, T. & Herrero, J. (2007).Familia y conducta delictiva y violenta en la adolescencia. En S. Yubero, Larrañaga, E. y Blanco, A. (Coords.), Convivir con la violencia (pp. 135-150). Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Musitu, G., Buelga, S., Lila, M. y Cava. M. J. (2001). Familia y adolescencia. Madrid: Síntesis.

Ovalles, A. (2007). Incidencia de la disfunción familiar asociada a la delincuencia juvenil. Capítulo Criminológico, 35 (1), 85-107.

Paíno, S. & Revuelta, F. (2002). Maltrato y delincuencia. Psicothema, (14), 101-108.

Redondo, S. & Pueyo, A. (2009). La psicología de la delincuencia. Revista El Observador, (4), 11-30.

Sánchez-Teruel, D. (2012). Factores de riesgo y protección ante la delincuencia en menores y jóvenes. Revista de Educación Social, (15), 1-12.

Salazar-Estrada, Torres-López, Reynaldos-Quinteros, Figueroa-Villaseñor & Araiza-González. (2011). Factores asociados a la delincuencia en adolescentes de Guadalajara, Jalisco. Papeles de población, 17 (68), 103-126.

Torrente, G. & Rodríguez, A. (2004). Características sociales y familiares vinculadas al desarrollo de la conducta delictiva en pre-adolescente y adolescentes. Cuadernos de Trabajo Social, (17), 99-115.

Vázquez, C. (2003) Factores de riesgo de la conducta delictiva en la infancia y adolescencia. En: Delincuencia juvenil. Consideraciones pnales y criminologías. Pp. 121-168. Madrid: Colex

¿Qué sirve y qué no en la Intervención en Crisis?

Una crisis es un incidente crítico, inesperado, a menudo corto y amenazante que sobrepasa las capacidades de un individuo para responder forma adaptativa (Flannery y Everly, 2000). Estas crisis pueden ocurrir por varias razones, tales como desastres, actos de violencia, eventos que amenacen con la muerte o un serio daño a la integridad física de un individuo. Por tanto, la intervención en crisis, resulta en una forma de intervención psicológica caracterizada por proveer a las víctimas con cuidados psicológicos de emergencia, así como apoyarlas para regresar a niveles de funcionamiento adaptativos y prevenir o mitigar el potencial impacto negativo de un trauma psicológico.

Si bien, existen varios varios modelos de intervención en crisis, parece que existe un consenso en cuanto a los principios generales de la mayoría de los modelos, que consisten en: intervenir de forma inmediata, estabilizar, facilitar el entendimiento de lo ocurrido, enfocarse en la solución de problemas, y promover la autosuficiencia. Sin embargo, la realidad es que a pesar de ello, estos principios no necesariamente asegurar la efectividad de los modelos de intervención. Para asegurarse de ello, existe al menos dos aproximaciones: primero una buena evaluación a partir de un triaje (triage), y segundo, utilizar modelos de intervención en crisis basadas en evidencias.

¿Qué es una evaluación por triaje?

El triage o triaje, es un neologismo que simplemente quiere decir, clasificar o separar. Es muy similar a los modelos de emergencia de “colores” que utilizan los servicios de salud.

Triage del IMSS (México).

En su artículo de 2006, Myer y Conte comentan un método de evaluación tipo triage para casos de intervención en crisis que me parece especialmente bueno, conocido como TAS (Traige System Assessment). El modo (inicialmente propuesto por Myer y sus colaboradores), evalúa tres dominios: (1) Afectivo, (2) Conductual, y (3) Cognitivo.

En el primero dominio, basándose en extensos estudios de emociones asociadas a eventos de crisis, se propone la evaluación de tres reacciones principales: (1) Ira/Hostilidad; (2) ansiedad/miedo; y (3) tristeza/melancolía. Siendo los principales tipos de reacciones emocionales que manifiestan las víctimas de una crisis.

Por su parte, el componente dos, evaluar tres reacciones conductuales: (1) inmovilización, (2) evitación; y (3) abordaje. El primero, hace referencia a aquellas reacciones donde el individuo no reacciona, y queda en estado que le incapacita para realizar cualquier intento de resolver la crisis. El segundo, hace referencia a las reacciones de intentos proactivos de escapar o evitar los problemas asociados con la crisis. Finalmente, el tercer tipo de respuesta conductual, es el abordaje, donde se incluye los intentos proactivos para resolver los problemas relacionados con la crisis.

Finalmente, el dominio cognitivo también evalúa tres tipos de pensamientos concernientes a la crisis: (1) transgresión; (2) amenaza; y (3) pérdida. El primero, habla de la sensación de estar siendo víctima de una agresión o suceso contra la persona, cuyo evaluación es relacionada con el presente. El segundo, la amenaza, es una percepción de que algo puede ocurrir en el futuro o de forma potencial. Y el tercero, la pérdida, se percibe como un suceso del pasado, que deviene a la sensación de una pérdida irrevocable.

Sin embargo, aunque este modelo de evaluación es útil para identificar el dominio más apremiante que requiere la estabilización del paciente, lo cierto es que eso no quiere decir que el psicólogo o profesional de la salud podría realizar cualquier tipo de intervención. Es necesario la utilización de métodos y procedimientos que aseguren de alguna forma la probabilidad de tener éxito con el paciente.

Intervención en crisis basada en evidencia

¿Cuál modelo de intervención en crisis tiene mejores resultados? Para responder a ello, Roberts y Everly (2006) realizaron un meta-análisis de 36 estudios en intervención en crisis. A grandes rasgos, un meta-análisis es un tipo de estudio en el que se sintetizan los resultados de estudios previos para conocer si existen resultados consistentes y que provean evidencia de que un tratamiento o intervención funciona. Esto, mediante el uso de técnicas estadísticas que ayuden a ponderar los resultados de cada estudio en un único resultado final. Así, en vez de tener que leer 36 estudios de manera individual y llegar a conclusiones subjetivas, el meta-análisis de Robert y Everly ayuda a tener un único resultado donde se integren las muestras y resultados de los 36 estudios.

El análisis realizado por Robert y Everly, considera al menos tres categorías de intervención en crisis: (a) preservación de la familia, también conocida como intervención familiar en crisis en el hogar. El cual se provee en un periodo de aproximadamente 3 meses con un total de 8 a 72 horas de intervención total. (b) Intervención en crisis multisesión (durando alrededor de 4 a 12 sesiones); o Manejo de estrés de incidentes críticos multicomponente (CISM por sus siglas en inglés), también conocido como intervención en crisis grupal. Este último consistente en al menos tres sesiones que consideren entrenamiento pre-crisis (p. ej. inoculación de estrés), intervención grupal o individual justo después de la crisis; y consejería post-crisis un mes después. Y finalmente (c) sesiones individuales únicas o grupos de interrogatorio de crisis. Estás, pueden durar de 20 minutos hasta 2 horas.

Los resultados del meta-análisis de Robert y Everly señalan que las intervenciones que tienen un efecto más fuerte fueron las técnicas de preservación familiar. Con un 63.64% de los estudios que señalan un efecto fuerte. Por el contrario, las sesiones individuales o grupales únicas, mostraron un 66.67% de efectos bajos. En general, la gran conclusión por Robert y Everly señala el claro efecto positivo de las intervenciones en crisis en el hogar y que involucran a las familias. Se recomienda en general programas de intervenciones mayores a 8 horas basadas en el hogar; y con un periodo de intervención que vaya de 1 a 3 meses. Con un efecto relativamente menor pero igual de bueno, se encuentran el CISM, con un formato de sesiones que vayan de las 4 a las 12 sesiones de intervención. finalmente, las intervenciones individuales no parecen tener un efecto muy grande, aunque es posible que en ciertos casos (donde la intervención familiar, o las múltiples sesiones no sean posibles), sea la única opción. Sin embargo, la tasa de efectos positivos y fuertes es de solo el 16%, por lo que posiblemente se recomienda acompañarlo con otro tipo de intervenciones adicionales.

Conclusión

En general, la intervención en crisis es un método de intervención con un propósito bienintencionado, sin embargo, las buenas intenciones de los psicólogos no parece ser suficiente según la investigación. Por tanto, para una adecuada intervención, se recomienda primero realizar una evaluación tipo triage, que permita identificar las áreas que requieren atención, y el nivel de crisis del sujeto; y segundo, utilizar algún método de intervención que permita aumentar la probabilidad de éxito con el paciente, tales como las técnicas de preservación familiar o el CISM. Siguiendo estas recomendaciones, nos aseguraremos de realizar intervenciones en crisis basadas en evidencia, que nos permitan aumentar las posibilidades de mejores resultados.

Referencias

Flannery, R. B., & Everly, G. S. (2000). Crisis intervention: A review International Journal of Emergency Mental Health, 2 (2), 119-126 

Myer, R. A., & Conte, C. (2006). Assessment for crisis intervention Journal of clinical psychology, 62 (8), 959-970 : 10.1002/jclp.20282 

Roberts, A. R., & Everly Jr, G. S. (2006). A meta-analysis of 36 crisis intervention studies Brief Treatment and Crisis Intervention, 6 (1), 10-21 : 10.1093/brief-treatment/mhj006

El problema de la política criminológica

El problema de la Política Criminológica

El tema de la criminalidad es un fenómeno que atañe a todas las sociedades por el simple hecho de ser inherente a la naturaleza del hombre, no obstante y aun cuando su estudio e interpretación está ligado a un contexto económico, político y social, los estudiosos coinciden en que se trata de un problemática que lacera la humanidad al contravenir las normas sociales y morales; razón por la cual se ha pretendido por múltiples medios regularla o en el mejor de los casos erradicarla.

Para ello, el Estado se vale de todos los recursos y medios que tiene a su alcance para mantener controlado el fenómeno criminodelictivo, sin embargo,  cuando Emiliano Borja[1], definió la Política Criminal como ese conjunto de medidas y criterios de carácter jurídico, social, educativo, económico que buscan prevenir y reaccionar frente al fenómeno criminal, parecía claro que para su abordaje debía recurrirse a múltiples disciplinas que aportaran elementos claves para su análisis y tratamiento.

No obstante, y contrario a lo que vemos hoy, la política criminológica ha fungido como instrumento de poder y mecanismo de represión para mantener el control social de determinados grupos, peor aún, se ha empleado como propuesta de campaña electoral al señalar el endurecimiento de las penas y la disminución de la edad penal en el caso de los adolescentes como remedios infalibles para la erradicación del delito, lo que solo ha alimentado el odio y el hartazgo de la ciudadanía, además de legitimar  actos de discriminación o de justicia por propia mano u otro tipo de venganzas fuera de la legalidad como es el caso de los linchamientos. Y es que en México la Política Criminal se ha asociado mayormente con términos como punibilidad, coercibilidad, control social o represión ya que fueron conceptos propios del sistema penal de corte inquisitivo que imperó durante siglos en Latinoamérica y que lamentablemente hoy siguen vigentes y direccionado diversas acciones en materia de criminalidad y seguridad pública implementadas en nuestro país.

Ejemplo de ello fue la estrategia de seguridad denominada “Tolerancia Cero” que encabezó el ex Alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani y que fue puesta en marcha en la Ciudad de México durante 2003 en la administración de Marcelo Ebrard, que no obstante con los más de 4.3 millones de dólares que se invirtió en el proyecto,  pareciera no haberse visto un impacto significativo en los índices de criminalidad y delincuencia.

Recientemente con el cambio de paradigma a uno de corte garantista, se  suponía una concepción más amplia de la Política Criminológica que implicará de  conocimientos teóricos-prácticos especializados y orientados a procurar al máximo  los derechos fundamentales de las personas, que dotara de igual peso al aspecto preventivo que al correctivo a través de la investigación, la multidisciplinariedad y la profesionalización.

 Sin embargo, de entrada resulta penoso que este cambio de paradigma obedezca mayormente a presiones del Derecho internacional y no a una convicción genuina del gobierno por transitar a modelos garantistas, ya que lo anterior solo se tradujo en la elaboración de más instrumentos, protocolos y modelos de actuación que en ocasiones resultan inoperantes para las condiciones del país, la sistematización de procedimientos que se desdibujaron en el enorme aparatico burocrático mexicano o en el cambio de estructura o denominación de las instituciones que  han generado más coste que ganancias.

A propósito de lo anterior, llama la atención que se insista en demasía en la homologación de criterios en el estudio del fenómeno delictivo y que se  centre casi exclusivamente su estudio en el ámbito del Derecho Penal,  sin embargo, ¿Puede delegarse mayormente al Derecho el estudio del crimen y del delito sin atender sus elementos socioculturales? ¿Ha sido hasta hoy favorable delegar a las ciencias penales el estudio del crimen y delito?

 Para ello, seria primordial concebir un sistema jurídico flexible que corresponda con los cambios y problemáticas actuales de la sociedad, pero no solo de los problemas que aquejan a las grandes urbes, sino de las  particularidades que conllevan la multiculturalidad del territorio nacional, toda vez la aplicación de ciertos sistemas normativos resulta inoperante y ajena a la realidad que viven múltiples comunidades al interior de la República, máxime por el principio pro persona que debería anteponer las garantías de los ciudadanos y evitar privilegiar la rigidez en la aplicación de un código ajeno a las necesidades de la población, por el contrario, que refuerzan la impunidad y se alimenta de la desigualdad con la que se aplican en su mayoría las normas jurídicas, ya que es una realidad que en muchas de las zonas originarias del país, las características del idioma, los sistemas normativos internos, así como la cosmovisión de las comunidades dificultan la positivización de sus elementos y acentúan la marginación al momento de la toma de decisiones.    

    Pero no solo las características relacionadas con la diversidad étnica forman parte de los elementos a considerar dentro de una política criminal,  sino hechos que a la luz resultan inadvertidos para la sociedad como lo son los problemas generados como efecto de la globalización como la desigualdad económica, el desempleo, la delincuencia organizada, mencionando en este último caso el fenómeno relacionado con la siembre de droga,  que pro su impacto ha demandado de colocar en la agenda pública en tema de su legalización y que ha estado permeada mayormente por un aspecto moral que por un análisis científico, siendo que la siembra de la marihuana como lo señalan  Humberto Padgett y Dalia Martínez en su articulo “La república marihuanera”[2], forma ya parte de las actividades productivas del país, ilegales pero productiva, ya que la gente paulatinamente pasó de sembrar hortalizas y diversos frutos a integrar en sus actividades  la cosecha de marihuana, toda vez que entre múltiples aspectos representa una opción  un ingreso y su dedicación al cultivo en muchos de los casos se debe a la falta de  condiciones mínimas necesarias para proveerse de insumos básicos como son alimentación, salud y vivienda a los integrantes de la comunidad.

Sin embargo, hasta aquí pareciera que se ha perdido de vista  que los  involucrados no son solo grupos de personas o comunidades sino individuos con características y necesidades diferentes que han sido relegados, ya aun cuando que cada brecha generacional se identifica con símbolos e intereses particulares y algo que llama la atención ha sido la forma en que  las últimas generaciones han radicalizado la forma de establecer sus relaciones familiares, de amistad y de trabajo, ya que el proceso de socialización que se inicia en el núcleo primario de la familia pasa después a reproducirse en el medio social, empero, que en la  actualidad parece carente de vínculos carentes de apego, confianza y respeto por las normas sociales, las figuras de autoridad y de desinterés por el bienestar general, incluso que ha normalizado la violencia y el individualismo por encima del colectivo, así mismo, que se ha caracterizado por  la urgencia de satisfacer necesidades de manera rápida y sin esfuerzo, es decir de libre tránsito al hedonismo, siendo que ellos serán los responsables de continuar e innovar las formas de atender los problemas que aquejan a la sociedad, y no solo a partir de efectos aislados de fenómenos como la pobreza, la migración, los desplazamientos forzados o la violencia de género por mencionar algunos, sino la compleja interrelación que conllevan la interacción de las personas y sus efectos en un espacio determinado y que implique la participación de todos y cada uno de los sectores de la sociedad.

Por ello, resulta necesario la participación conjunta del gobierno y de la sociedad civil a fin de poder atender los múltiples problemas sociales, además, mientras México carezca de una política criminológica definida, inclusiva y particularizada para cada sector de la población en el cual se pretenda incidir, con objetivos claros, alcanzables y acordes a la realidad del país, difícilmente se pueden concretar proyectos que faciliten la implementación de estrategias orientadas al estudio y tratamiento del crimen y del delito, toda vez que no es el número de instituciones, la cantidad de programas o el marco jurídico que la conforman,  sino la ineficacia de estos organismos, así como la falta de calidad y compromiso con las que se establecen las políticas públicas lo que han derivado en el fracaso de las mismas. 

BIBLIOGRAFÍA

Borja Jiménez, Emiliano (2011), Curso de Política Criminal, 2ª.ed., España, Tirant lo blanch,

Padgett Humberto, y Martínez Dalia, “La república marihuanera”, emeequis, N° 260, 8 de agosto de 2011.

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[1] Borja Jiménez, Emiliano, Curso de Política Criminal, 2ª.ed., España, Tirant lo blanch, 2011,p.119.

[2] Padgett Humberto, y Martínez Dalia, “La república marihuanera”, emeequis, N° 260, 8 de agosto de 2011, p.23.

Conducta criminal en adolescentes: tropicalización del modelo RNR

Conducta criminal en adolescentes: tropicalización del modelo RNR

Durante el año 2015, en México, los juzgados especializados en adolescentes abrieron 10,647 casos, de los cuales el 89.7% recibieron una medida sancionatoria (en tanto los adolescentes en cuestión fueron encontrados responsables de haber cometido un delito), mientras que en tan solo el 10.3% de los casos los adolescentes fueron declarados inocentes (INEGI, 2016). Con el cambio de ley hacia el modelo garantista de 2016, muchos de estos adolescentes salieron de los centros de internamiento, muchos de ellos sin haber cumplido un programa de tratamiento exitoso, con altas probabilidades de reincidir en conductas delictivas.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2013), platea que: “La prevención de conducta delictiva y la reincidencia, requiere intervenciones efectivas basadas en la comprensión de los factores que representan un riesgo para los delincuentes y [que] les dificultan el éxito de su reintegración en la sociedad” (pág. 11). En consonancia lo con anteriormente mencionado, el Modelo Riesgo- Necesidad-Responsividad (RNR) desarrollado por Andrews y Bonta (2010) permite identificar factores de riesgo empíricamente asociados a la conducta criminal, y ha probado ser eficaz en diferentes partes del mundo en lo que respecta a la evaluación y tratamiento de adolescentes quienes han cometido un delito.

El modelo está conformado por cuatro grandes factores (principales) asociados con la conducta delictiva, a saber: historial de conducta criminal, rasgos de personalidad antisocial, pensamiento antisocial y asociación antisocial (Andrews & Bonta, 2010). Además contempla otros cuatro factores con capacidad predictiva moderada: abuso de sustancias, relaciones familiares y de pareja, uso del tiempo libre y situación escolar y laboral (Grieger & Hosser, 2014; Nguyen, Arbach-Lucioni, & Andrés-Pueyo, 2011); De esta manera, se incluyen tanto rasgos estáticos como los rasgos dinámicos (James, 2015).   

El modelo señalado, se aplica en todas partes del mundo ya sea en adolescentes o con adultos, sin embargo, no podemos olvidar que se ha generado a partir de estudios sobre todo con población canadiense, lo que dista de las características propias de población de nuestro país. Además, la multifactorial de la delictividad juvenil abarcan  aspectos sociales, psicológicos, biológicos y de la historia de vida (Hoge, 2015), por lo que las condiciones del adolescente en conflicto con la ley (ACL) mexicano son muy particulares, en comparación con sus similares latinos. Sin embargo, el modelo RNR señala la importancia de la prevención de la conducta criminal, ya sea que los y las adolescentes nunca hayan tenido contacto con el sistema o ya estén involucrados con él. Es por eso, que resulta importante identificar aquellos factores del modelo que son aplicables en los y las mexicanas, pues servirán de directrices para acciones concretas.

Las y los autores Vega- Cauich, Chale-Cervantes, Euan-Catzin y Cauich-Sonda (2018) en su artículo Ocho Factores de la Conducta Criminal: aplicabilidad en jóvenes mexicanos, presentan un modelo resultado del análisis estadístico de los datos de la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (Ecopred) (INEGI, 2014). Para llegar a este modelo, los autores  seleccionaron las variables de interés que evaluaban cada factor del modelo de Andrews y Bonta, cuya pertinencia se determinó a partir de un análisis realizado por tres jueces con formación en psicología jurídica.

Posteriormente, se realizó una regresión logística binaria que tuvo como variable de respuesta haber tenido o no un arresto policial en lo que va del año. Es importante señalar que se incluyó la variable sexo como una variable de control debido a que está asociada de forma significativa con la conducta antisocial, por lo que se incluyó en el modelo para eliminar su efecto en otras variables. Todas las demás variables fueron añadidas en ocho bloques, cada uno de ellos correspondiente a los factores considerados en el modelo de Andrews y Bonta; mediante el gráfico de residuos predichos versus probabilidad pronosticada, se confirmó el supuesto (Vega- Cauich, Chale-Cervantes, Euan-Catzin y Cauich-Sonda, 2018).

 Posteriormente, se determinó la aportación y significancia de cada bloque (factor) al modelo general. Mediante el método de eliminación con pasos sucesivos hacia atrás, se buscó simplificar el modelo para conservar solamente aquellas variables que resultaran significativas para predecir los arrestos. Siguiendo el principio de parsimonia se obtuvo un modelo final con la menor cantidad de variables posibles y se guardaron las probabilidades pronosticadas con la finalidad de evaluar la adecuación del modelo resultante mediante los índices de especificidad y sensibilidad, así como con empleando el área por debajo de la Curva ROC (Vega- Cauich, Chale-Cervantes, Euan-Catzin y Cauich-Sonda, 2018).

El modelo resultante, al igual que el modelo completo, sólo contempla dos de los cuatro grandes factores y 3 de los factores moderadores propuestos Andrews y Bonta (2010), en el cuadro siguiente se presenta el comparativo de ambos modelos:  

Como se puede observar los pensamientos pro-criminales, la personalidad antisocial resultaron significativos y las actividades recreativas prosociales no resultaron significativas para el modelo. El análisis estadístico del modelo, indicó que es capaz de clasificar adecuadamente a los y las jóvenes con arrestos recientes respecto a los que no tuvieron arrestos (Curva ROC: sensibilidad de .963 y una especificidad de .999; IC [95%] = 0.852 -0.884).  

Los resultados presentados, fueron consistentes con otros estudios en los que se encontró que el sexo, la historial de conducta antisocial, la asociación criminal, el abuso de sustancias, las pobres relaciones familiares y los problemas con el trabajo y la escuela están asociados con tener una mayor posibilidad de arresto actual, resultados acordes con investigaciones anteriores (Bertone, Domínguez, Vallejos, Muniello, & López, 2013; Herrera, Rueda, & Martínez, 2013; James, 2015; Martínez-Catena & Redondo, 2013; Ortega Campos, García, de la Fuente Sánchez, & Zaldívar Basurto, 2012; Cuervo, Villanueva, & Prado-Gascó, 2017; Ortega Campos, García, de la Fuente Sánchez, & Zaldívar Basurto, 2012). Esta consistencia sugiere que los factores indicados deberían ser considerados al realizar programas de prevención o de tratamiento penitenciario.

Con respecto a las diferencias encontradas con el modelo original, los autores señalaron que, sus resultados son parecidos a otros hechos en Australia y Alemania en los que se descartó la significancia de la personalidad antisocial (McGrath & Thompson, 2010; Grieger & Hosser, 2014) o en uno realizado en Singapur en el que los pensamientos pro-criminales tampoco resultaron significativos (Chu, Yu, Lee, & Zeng, 2014). Por otro lado, estos resultados podrían deberse a diversos factores como: el tipo de población; cultura; además la ECOPRED no fue diseñada para medir los ocho grandes como en otro estudios en los que se usaron instrumentos especializados; y los datos utilizados en el análisis corresponde a una muestra  de adolescentes que no necesariamente están en conflicto con la ley.

Para disminuir la violencia y la delincuencia es conveniente que se desarrollen estrategias, proyectos y programas sociales que tomen en cuenta tanto indicadores con sustento científico que guíen las estrategias orientadas a la intervención en temas como la prevención de consumo de sustancias, disminución del pandillerismo y fomento de amistades positivas, disminución del rezago escolar, promoción de la convivencia familiar positiva o, en contraparte, la disminución de la violencia familiar. Lo anterior permitirá el desarrollo de políticas públicas que sean efectivas y que maximicen el uso de recursos económicos, personales y administrativos.  Es por eso, que estudios como el de Vega- Cauich, Chale-Cervantes, Euan-Catzin y Cauich-Sonda (2018), permiten abrir paso a nuevas investigación que coadyuven a un mejor conocimiento de la población mexicana y al sustento de las acciones gubernamentales y privadas en favor de los y las adolescentes en conflicto con la ley.

Referencias

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